Informe de inventario y análisis de las medidas administrativas del Ministerio de Educación (Minedu), que deben ser consultadas en el marco de la Ley No. 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT

Augusto Arrasco, Carlos Alza and Diego Salazar

Investigaciones, 2012

Abstract: La Defensoría del Pueblo ha considerado necesario priorizar el levantamiento y sistematización de información relativa a las medidas administrativas que deberían ser consultadas para la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, contenido en el Convenio 169 y desarrollado por la Ley Nº 29785 y su respectivo reglamento (aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC). En ese sentido, en el marco de la cooperación técnica que la Defensoría del Pueblo recibe de la República Federal de Alemania, se ha aprobado el proyecto de "Apoyo a la Defensoría del Pueblo en la Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios como Aporte a la Prevención de Conflictos", uno de cuyos componentes está orientado a que la Defensoría del Pueblo cuente con toda la información relevante y actualizada que requiere para la ejecución de sus tareas con respecto a la supervisión de la implementación del derecho a la consulta previa a pueblos indígenas. La consultoría recomienda diseñar una metodología para la identificación de las medidas administrativas que sean susceptibles de afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas; hacer un seguimiento exhaustivo de la labor de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural – DIGEIBIR, al ser la encargada de formular, proponer, normar, y orientar la política nacional de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, estableciendo las coordinaciones necesarias con las instancias de gestión educativa descentralizada; así como hacer una evaluación integral a fin de proponer un modelo de proceso que no limite u obstaculice el ejercicio de este derecho. El estudio contó con el auspicio de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ, en cooperación técnica con la Defensoría del Pueblo y la colaboración del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) para su desarrollo.

Date: 2012
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