Alcances y limitaciones de la política Mipyme para la atención de empresarios en situación de desplazamiento: un estudio de caso en Bogotá

María del Pilar Bohada Rodríguez

Proyecta (Artículos Sobre Economía), 2010

Abstract: El desplazamiento forzado es una de las mayores crisis sociales que enfrenta el país. Cada día miles de colombianos y colombianas tienen que abandonar sus territorios a causa de la intensifi cación del confl icto armado interno, y del involucramiento cada vez mayor de la población no combatiente en las hostilidades de los actores armados. De acuerdo con las investigaciones sobre esta grave problemática social, a partir del ano 1995 se recrudeció el conflicto armado interno y se intensifi có la estrategia de nvolucrar a la población civil en el mismo, extendiéndose el número de municipios y de personas afectadas (PÉREZ, 2004, 48). Al respecto, las cifras de la Red de Solidaridad Social indican que en el periodo 1995-2003, 1.340.000 personas solicitaron ser incluidas en el Registro Único de Población Desplazada, a efectos de acceder a los programas de atención estatal en materia de asistencia humanitaria de emergencia y estabilización y consolidación socioeconómica. Al tiempo que ha aumentado la población desplazada, se ha desbordado la capacidad de atención del Estado, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales de atención humanitaria. La crisis social que conlleva el desplazamiento se ha agudizado con la falta de atención oportuna por parte de las instituciones responsables, al punto de que es cada vez más evidente que ante la falta de atención, la población desplazada termina viviendo en las zonas más pobres y deprimidas de las medianas y grandes ciudades. Con referencia a lo anterior, vale mencionar que la investigación de Pérez (2004, 69) encuentra evidencia para afi rmar que la población desplazada enfrenta mayores niveles de pobreza y exclusión social si se le compara con la población residente de las zonas más pobres de las ciudades. Concretamente, la investigación da cuenta de que la población desplazada habita en viviendas con pisos, techos y paredes inadecuadas, en situación de hacinamiento y con un elevado défi cit de servicios públicos. Así mismo, se encuentra que la población desplazada no dispone de servicios de salud y que las familias tienen que poner a los ninos y ninas a trabajar o a mendigar ante la imposibilidad de cubrir los costos escolares y ante la necesidad de conseguir recursos para la supervivencia de la familia. La misma investigación da cuenta de los bajos niveles educativos de los jefes y jefas de hogar desplazados, lo cual les imposibilita la consecución de trabajos formales con remuneraciones que les permitan cuidar del sustento de sus familias. Senala la investigación que mientras el 63 % de los jefes de hogares desplazados trabajan en el mercado laboral informal, en los hogares no desplazados el porcentaje es de 33%. Ante estas difi cultades, las familias desplazadas se ven en la necesidad de emprender toda clase de negocios en la economía informal, generalmente vendiendo toda clase de productos en las calles, exponiéndose de paso a que se decomisen sus mercancías y no consigan para el sustento diario. Sumado a las anteriores difi cultades, vale mencionar, además, que en la medida en que muy pocas familias desplazadas son propietarias de vivienda u otros bienes, el estudio citado senala que sólo el 5% de las familias desplazadas en Bogotá son propietarias de vivienda, este grupo de población no puede acceder a créditos ante los establecimientos fi nancieros, así como tampoco puede emplear parte de las casas en que habitan para implementar su propio negocio u obtener ingresos por arrendamiento (PÉREZ, 2004, p. 62). En reconocimiento de la situación precaria en que vive la población desplazada, el Gobierno Nacional ha promulgado la Ley 387 de 1997 en la que se establece la obligación de las instituciones del Estado de asignar programas especiales de atención a la población desplazada y asegurar el acceso, con prioridad, a los programas regulares de la política social. En este sentido, es fundamental asegurar que se disponga de mecanismos efi cientes para que la poblac

Date: 2010
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